La intoxicación de un niño de 11 años con autismo en un salón del Centro de Atención Múltiple 27 (CAM 27) de Torreón expone una brecha crítica en los cuidados que se brindan a alumnos vulnerables en Coahuila, donde la falta de protocolos, capacitación del personal y supervisión institucional se muestran como retos urgentes.

En fechas recientes, un menor con diagnóstico de autismo nivel 3 ingirió veneno raticida que estaba en el escritorio de la maestra del CAM 27 en Torreón, y la respuesta fue que simplemente se le diera leche antes de acudir al hospital. El hecho apunta a negligencia institucional en un centro dependiente de la Secretaría de Educación de Coahuila.

Fuentes señalan que en Coahuila la educación especial enfrenta una crisis de confianza: denuncias de maltrato, falta de protocolos emergentes y supervisión débil se han multiplicado.
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La normativa educativa federal y estatal (como los lineamientos USAER y para la inclusión) establecen que docentes y personal deben estar capacitados, existir rutas de atención y entornos seguros.

Para que este sistema cumpla su función, es esencial que la Secretaría de Educación y la autoridad estatal de derechos humanos instrumenten: 1) auditorías periódicas de todos los CAM, 2) protocolos de atención inmediata ante emergencias médicas o psico-emocionales, 3) capacitación obligatoria del personal en TEA y discapacidad, 4) participación de comités de padres y sociedad civil y 5) publicación de indicadores: cuántos CAM cumplen estándares, número de incidentes, tiempos de atención, etc.

Este incidente no debe verse como un hecho aislado, sino como síntoma de un sistema que deja a los alumnos con discapacidad en situación de riesgo. Si los centros especiales no garantizan seguridad, inclusión y calidad, entonces hablamos de una falla educativa grave. ¿Cuándo veremos en Coahuila la primera auditoría pública de los CAM con resultados visibles y sanciones claras por negligencia?