¿Quién vigila el cielo de la frontera cuando una aeronave no tripulada de Estados Unidos cruza por Piedras Negras y termina orbitando sobre el Estado de México? En brechas, patios de aduana y radios vecinales la conversación se encendió: el sobrevuelo fue autorizado y coordinado con el Gobierno de México, confirman autoridades federales; aun así, el dato de ruta —entrada por Coahuila— deja preguntas puntuales para la región: ¿qué protocolos se activaron en el cruce aéreo, qué dependencias locales estuvieron enteradas, hubo avisos operativos y salvaguardas para no confundir operaciones legales con vuelos ilícitos en una frontera donde también circulan drones del crimen?

El hecho en sí quedó trazado por tres coordenadas: ingreso por Piedras Negras, misión autorizada por México y órbitas en el sur del Edomex. Voces del gabinete de seguridad precisaron que se trató de un vuelo a petición del Estado mexicano, parte de una cooperación bilateral en materia de investigación. Paralelamente, reportes especializados ubicaron el despegue desde San Angelo, Texas, con trayectoria profunda dentro del espacio aéreo nacional y patrones de merodeo sobre una zona boscosa. En resumen: sí hubo operación, sí fue coordinada y sí cruzó por Coahuila.

¿Por qué importa específicamente a Coahuila? Porque el corredor Piedras Negras–Eagle Pass concentra cruces ferroviarios, carreteros y ahora, ocasionalmente, vectores aéreos no tripulados asociados a tareas de seguridad. En una frontera donde drones criminales también mapean patrullajes y rutas de tráfico, la señalización clara de qué vuelos son institucionales es clave para no generar pánico, evitar incidentes y proteger operaciones locales (industria, parques, hospitales). Además, si el cielo se usa como corredor binacional, la comunidad tiene derecho a saber qué se cuida, cómo se cuida y con qué salvaguardas.

Lo confirmado: autoridades federales reconocen que el vuelo fue colaborativo y legal, que su operación se realizó a solicitud de México y que el ingreso ocurrió por Piedras Negras rumbo al centro del país. Lo que falta por transparentar: el plan de vuelo autorizado (sin detalles sensibles), el protocolo de coordinación entre SEDENA–SICT/SENEAM–GN–aduanas locales, los criterios de identificación para que policías y población distingan un dron institucional de uno ilícito, y la frecuencia con la que estos cruces podrían repetirse.

Próximos pasos razonables para blindar a la región: un informe técnico que deje constancia del marco legal y la cadena de autorización; tablero de protocolos para autoridades estatales y municipales (qué hacer, a quién avisar, cómo reportar anomalías); canales públicos de aclaración cuando haya vuelos coordinados para evitar rumores; y capacitación a corporaciones locales para reconocimiento de aeronaves y manejo de incidentes con drones criminales. La cooperación funciona mejor cuando se entiende y se ve que protege, no cuando parece un secreto a voces.

Cooperar no está reñido con informar. Si el cielo de Coahuila es parte de un corredor de seguridad, deben quedar reglas y avisos claros: coordinación que cuide a la gente y respete la soberanía, sin improvisaciones.