Una tensión palpable en Monclova entre vecinos y comerciantes del centro evidencia dudas sobre la línea que separa justicia veloz de garantías mínimas, luego de que Diego René “Baby Rap” fue vinculado a proceso por homicidio calificado con ventaja y enviado al penal de Saltillo; el juez determinó prisión preventiva y otorgó dos meses para la investigación complementaria, un procedimiento que subraya la urgencia de protocolos más transparentes en Coahuila.

El juez Nelson Herrera concluyó que el luchador profesional, con más de dos décadas de experiencia, utilizó técnicas de combate que le dieron ventaja letal, al punto de causar lesiones graves que provocaron la muerte de Néstor Alejandro “N.”, quien falleció días después en el hospital. En pláticas entre madres de familia y jóvenes, se comenta la necesidad de equilibrio entre la actuación eficaz de autoridades y la protección del debido proceso.

Durante la audiencia, la defensa presentó testimonios y grabaciones para sustentar que actuó en defensa propia: una vecina identificó a la víctima con un desarmador y actitud agresiva, mientras otro testigo mencionó historial de consumo de drogas. Sin embargo, el juez estableció prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para completar la investigación. Todavía no se sabe si la defensa solicitará medidas alternativas o si habrá intervención federal; hasta ahora, el proceso continuó en el ámbito local.

El caso ha remecido el entorno coahuilense: mientras algunos valoran la rápida respuesta institucional, otros denuncian falta de claridad en los protocolos. Está confirmada la medida cautelar, la reclasificación del delito y el traslado al Centro Penitenciario de Saltillo. Todavía no está claro si se evaluarán videos periciales o si la necropsia será motivo de nuevos elementos en la acusación.

Diego René permanece en el penal de Saltillo mientras se desarrolla el proceso judicial. La Fiscalía sigue construyendo evidencia; la defensa busca humanizar al acusado e introducir dudas razonables. Esta dualidad refleja un dilema recurrente en Coahuila: ¿cómo combinar celeridad con certeza? El juez, la Fiscalía y el Poder Judicial tienen en sus manos no solo el veredicto, sino también la confianza pública, en un momento donde los protocolos y su interpretación pesan tanto como los hechos.

La justicia rápida no puede sustituir a la justicia clara; este caso debería impulsar a la sociedad civil a exigir procesos coherentes, donde las medidas cautelares y las evidencias se articulen con transparencia y respeto al debido proceso. Solo así avanzaremos hacia una justicia que inspire, no que intimide.