¿Qué tan segura es la calle para volver a casa, se preguntan vecinas y vecinos de Monclova, después de que un hombre quedara en coma tras una agresión en la colonia Colinas de Santiago y la Fiscalía detuviera a Diego “N.”, luchador profesional conocido como “Baby Rap”; el caso, ocurrido la mañana del miércoles 13 de agosto de 2025, encendió reclamos de justicia, medidas cautelares y acompañamiento para la familia de Néstor Alejandro “N.”, mientras la autoridad integra la carpeta y define los delitos a imputar.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró en vía pública y derivó en lesiones que mantienen a la víctima en estado crítico. Horas más tarde, agentes investigadores aseguraron al presunto agresor para ponerlo a disposición del Ministerio Público, que deberá precisar la calificación jurídica de los hechos y solicitar, en audiencia, las medidas cautelares correspondientes. La familia de Néstor “N.” pide que el proceso se lleve con prontitud y que, en tanto se resuelve su situación médica, se garantice su protección e integridad.

En la ciudad, el caso reavivó la discusión sobre prevención de violencias cotidianas —riñas vecinales, conflictos viales o disputas personales que escalan sin control— y sobre la responsabilidad que implica ostentar un oficio vinculado con la fuerza física: la comunidad insiste en que ninguna destreza “del ring” puede normalizarse en la calle. También crecieron los llamados a que no haya linchamiento mediático: corresponde a un juez, con pruebas, definir responsabilidades; a la par, corresponde al sistema de salud y a la red de apoyo acompañar a la víctima y su familia en una crisis que no admite burocracia.

Lo confirmado es la detención de Diego “N.” tras la agresión y el estado crítico de la víctima. Lo que falta por precisar —y deberá quedar asentado en carpeta y audiencia— es la tipificación exacta del delito, los peritajes médicos que midan el daño, las medidas cautelares que pedirá la Fiscalía (por ejemplo, prisión preventiva o prohibición de acercamiento) y el relato de hechos que establezca cómo, cuándo y con qué se produjo la lesión. Cualquier versión extraoficial sobre “muerte cerebral” u otros diagnósticos debe ser confirmada por la autoridad sanitaria o judicial antes de asumirse como hecho.

Para Monclova, el mensaje de fondo es doble: las violencias que parecen “menores” se vuelven tragedias en segundos, y la justicia se construye con pruebas, no con rumores. La ciudadanía exige un proceso claro y respetuoso de derechos, pero también contundente frente al daño: protección a la víctima, sanción a quien resulte responsable y prevención para que la siguiente disputa no termine en urgencias.

La fuerza no es licencia para dañar. Coahuila necesita más prevención y menos bravura callejera, más peritajes y menos especulación: justicia que proteja a la víctima y ponga límites claros, sin espectáculo.