En charlas de fábrica y en pasillos de Castaños, obreros despedidos del Grupo Fox denunciaron haber sido víctimas de un recorte masivo que atribuyen a represalias por inconformidades internas. La medida desató protestas y reavivó el debate sobre condiciones laborales en la región centro de Coahuila, donde la inestabilidad en la industria golpea de frente a las familias trabajadoras.

Los empleados señalaron que el despido no estuvo ligado a ajustes de producción, sino a castigos directos contra quienes exigieron mejores condiciones de seguridad y pago oportuno de prestaciones. Aseguran que la empresa actuó sin notificación previa y sin liquidaciones transparentes, lo que intensificó la indignación colectiva.

Hasta ahora se ha confirmado que decenas de trabajadores fueron dados de baja y que la noticia generó movilizaciones en la planta. Todavía no está claro si la Secretaría del Trabajo intervendrá para revisar los casos ni si se instalarán mesas de conciliación. Tampoco hay precisión sobre el número total de despedidos ni sobre las causas oficiales presentadas por la compañía.

Transportistas y comerciantes del centro de Castaños subrayan que la crisis laboral impacta en la economía local: menos consumo, más incertidumbre y un clima de tensión que afecta incluso a proveedores. Analistas laborales apuntan que, si la versión de represalias se confirma, el caso sentaría un precedente grave en la relación entre industria y trabajadores en la región.

Los despidos masivos en Grupo Fox exhiben la fragilidad laboral en Coahuila: detrás de cada cifra hay familias que pierden ingresos y confianza en la justicia laboral. La respuesta no puede quedarse en comunicados: se necesitan inspecciones, sanciones si hay abusos y calendarios claros de conciliación. La estabilidad social depende de que la ley se haga valer.