En grupos ciudadanos de Piedras Negras y Saltillo, sorprendió que la Fiscalía reportara solo dos denuncias de abuso sexual en agosto. Mientras tanto, en Coahuila, la situación general muestra signos más complejos: en enero de 2025 se abrieron 35 carpetas de investigación por acoso sexual, y durante el primer bimestre del año la Fiscalía de las Mujeres e Infancias recibió 1,750 denuncias por delitos de género, de las cuales el 90 % eran violencia familiar. Hasta ahora se ha comprobado que muchas agresiones sexuales no llegan a denunciarse, especialmente en áreas rurales, y todavía no está claro si los mecanismos de denuncia están accesibles y confiables para toda la población.

Autoridades estatales han reconocido que hay casos de abuso sexual infantil y de incesto detectados principalmente en zonas rurales, aunque admiten que la denuncia formal en esos contextos es menor por barreras culturales, falta de acceso geográfico, temor o desconfianza en las instituciones. Organismos civiles señalan como urgentes acciones de prevención, acompañamiento jurídico y psicológica, campañas de información, y garantizar que las víctimas sepan dónde y cómo denunciar.

Estas cifras contrastan con lo sucedido en Piedras Negras, donde la baja de denuncias podría indicar subregistro. Para muchos ciudadanos, la pregunta ya no es si habrá justicia, sino si se puede confiar en que denunciar provoque un cambio real y seguro.

Cuando los números oficiales bajan demasiado, podría no ser señal de mejora sino de silencio forzado. ¿Queremos un Coahuila donde denunciar sea seguro, accesible y productivo, o uno donde los abusos sigan ocultos tras la indiferencia?