La Universidad Autónoma de Coahuila ha destinado 650 millones de pesos al pago de pensiones, según su rector Octavio Pimentel, lo cual compromete inversiones en infraestructura, nuevos programas y servicios para la comunidad estudiantil; voces desde el aula advierten que el retraso en apoyo federal podría dejar sin fuerza al modelo universitario estatal.

El rector Pimentel detalló que la UAdeC enfrenta “una de sus etapas financieras más difíciles”, con el pago de pensiones absorbiendo recursos que antes permitían mantenimiento, equipamiento y creación de nuevos programas educativos.

Esto, explicó, es consecuencia de la eliminación de los fideicomisos universitarios a nivel federal, lo que redujo el flujo de recursos que antes apoyaban obligaciones laborales de la institución.

La deriva implica que la UAdeC debe decidir entre ampliar su matrícula y mantener gratuidad —lo cual se exige— o continuar con la carga financiera derivada del sistema de pensiones, afectando la calidad de la educación y los servicios para estudiantes en Coahuila.

El llamado es al gobierno federal para que intervenga y asuma su parte en este gasto, pues según Pimentel “lo justo es que el Estado mexicano contribuya al pago de pensiones de las personas que dedicaron su vida a las universidades”.

Hasta ahora, sin anuncio público de mecanismo adicional de apoyo, queda la pregunta sobre cómo la UAdeC (y otras instituciones del estado) garantizarán la infraestructura, el equipamiento y la cobertura sin sacrificar calidad académica.

El señalamiento es claro: la universidad está atrapada entre obligación social de cubrir gratuidad y crecimiento, y la realidad financiera del recorte al apoyo federal. Si no hay una ruta transparente para salvaguardar la operación académica, el riesgo no es solo económico — es formativo. ¿Están listos los comités ciudadanos, federación y gobierno estatal para ver esta crisis como asunto prioritario?