La extorsión va al alza en Coahuila: hasta mayo, se han reportado 31 casos en el estado, lo que enciende alarmas entre autoridades y ciudadanía. El Gobierno Federal, reconociendo la urgencia del problema, impulsa una nueva ley general y acciones directas para combatir este delito que lastima familias, comercios y empresas por igual.

Según datos oficiales, el fenómeno de la extorsión ya no solo se limita a grandes ciudades o sectores empresariales. Cada vez más, afecta a pequeños negocios, transportistas y personas comunes, quienes reciben amenazas telefónicas o presenciales a cambio de dinero o favores. El miedo y el silencio muchas veces dificultan la denuncia, permitiendo que el problema se agrave.

Ante este panorama, la Federación propone una legislación nacional que homologue la definición del delito y establezca mecanismos claros de prevención, denuncia y protección de víctimas. Además, se plantea reforzar la coordinación entre estados, fortalecer el monitoreo de llamadas y brindar acompañamiento a los afectados.

En Coahuila, las autoridades locales reconocen el reto y llaman a la ciudadanía a no dejarse intimidar, denunciar y aprovechar las líneas de atención y asesoría que ofrecen dependencias de seguridad y procuración de justicia.

La extorsión es más que una cifra: es un veneno silencioso que erosiona la confianza y la seguridad social. Urge una respuesta valiente, coordinada y empática que proteja a las víctimas y cierre el paso a los delincuentes. Solo así, con acción directa y leyes claras, Coahuila podrá frenar el avance de este delito y devolverle la tranquilidad a su gente.