Para los agricultores y ganaderos de la frontera de Coahuila, la crisis hídrica tiene una fecha fatal: el 24 de octubre de 2025. Ese día vence el plazo para que México pague su deuda de agua a Estados Unidos bajo el Tratado de 1944, y expertos ya lo consideran “inviable”. La situación, agravada por una sequía histórica y la presión política de figuras como Donald Trump, ha generado propuestas desesperadas, como la de usar agua del río Pánuco, una idea que una científica calificó como “una barrabasada”.

El caudal del Río Bravo ha disminuido en un 80% desde la firma del pacto, lo que hace materialmente imposible cumplir con la entrega de agua, según la especialista Rosario Sánchez. Esta dramática reducción es el argumento central de México para renegociar ante Estados Unidos, que a través de figuras como Donald Trump, ha insistido en señalar el incumplimiento y su afectación a los agricultores de Texas.

En medio de la crisis, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, propuso utilizar agua del río Pánuco para saldar la deuda, una “solución” que fue inmediatamente rechazada por la comunidad científica por su inviabilidad y alto costo ecológico. Este debate interno demuestra la desesperación y la falta de un plan B coordinado por el gobierno federal para enfrentar la crisis. Mientras tanto, el gobierno de Coahuila enfrenta el reto de proteger a sus productores y ciudades fronterizas ante un inminente déficit.

¿Tiene el Gobierno de Coahuila un plan de contingencia y un fondo de emergencia para apoyar a los productores de la frontera norte, en caso de que Estados Unidos exija recortes de agua más severos en el próximo ciclo como consecuencia de este inevitable incumplimiento?

La deuda de agua con Estados Unidos es el síntoma de una enfermedad mayor: nuestra histórica incapacidad para gestionar el agua en el desierto. La pregunta para las autoridades de Coahuila y México no es si pagarán, sino qué harán para enfrentar una realidad donde cada gota cuenta y las soluciones absurdas ya no tienen cabida.