Un altercado entre los diputados federales Theodoros Kalionchiz y Ricardo Mejía Berdeja, originado en una reunión de la Comisión de Energía sobre contratos de carbón por más de 12 mil millones de pesos, señala fisuras en la supervisión del sector energético en Coahuila y cuestiona el control interno de comisiones y verificaciones legislativas.

El conflicto estalló cuando Kalionchiz denunció que Mejía Berdeja —que no pertenece a la Comisión de Energía— intervino en la reunión de la CFE para influir en el proceso de licitación que involucra a productores de la Región Carbonífera. Kalionchiz comentó: “Ni su bancada lo apoyó… solo quería hacer show”.

La discusión derivó en gritos, empujones e insultos, y fue documentalizada por medios nacionales como un ejemplo de disfunción legislativa.

Este suceso tiene implicaciones estatales: la asignación de contratos de carbón depende de productores coahuilenses, y una gestión transparente es clave para la economía regional. Si los procesos están sesgados o operados con intereses personales o partidistas, el desarrollo de la industria podría verse comprometido.
Para avanzar hacia una gobernanza más clara, Coahuila necesita mayor transparencia en la operación de sus diputados federales y comisiones, estandarización de criterios para licitación y supervisión de contratos. ¿Quién vigilará que el contrato del carbón no sea un mecanismo de reparto político y sí una herramienta de desarrollo regional?

Cuando los diputados protagonizan escándalos ante decisiones trascendentes para Coahuila —como las de la industria del carbón—, el daño no es sólo al afán individual, sino al marco institucional. La ciudadanía exige que la política no sea espectáculo, sino servicio. ¿Cuándo veremos una legislatura coahuilense que ponga claridad antes que confrontación?