¿Qué garantías reales tienen las familias coahuilenses que viajan a Monterrey para operarse, se preguntan hoy colectivos y vecinos de Saltillo, tras la muerte de Jaqueline “N.”, 25 años, durante una cirugía estética y el cateo ejecutado por autoridades en la clínica donde fue intervenida; sin explicaciones claras de los responsables, el caso abre dudas urgentes sobre licencias sanitarias, certificaciones médicas, manejo de anestesia y protocolos de emergencia, mientras crece la exigencia de suspensiones, sanciones y reparación del daño para que nadie más quede expuesto a quirófanos que no cumplen la ley.

La cronología es contundente y explica la indignación: la joven saltillense ingresó a un consultorio de la zona médica de Monterrey para un procedimiento estético; ante complicaciones fue trasladada a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento. Horas después, autoridades ministeriales y sanitarias catearon el inmueble, aseguraron indicios y abrieron una carpeta de investigación bajo la hipótesis de mal procedimiento. El impacto en Coahuila es doble: miles de pacientes cruzan cada año por servicios médicos en Nuevo León, y este caso exhibe cómo la ausencia de permisos plenos o de personal certificado puede convertir una intervención electiva en riesgo vital.

Lo confirmado hasta ahora es claro: hubo muerte tras un procedimiento estético, se ejecutó un cateo en la clínica involucrada y hay investigación abierta por posible mala praxis. Lo que falta por dilucidar será determinante: si el establecimiento contaba con licencia sanitaria vigente para actos quirúrgicos y responsable sanitario identificable; si el cirujano actuó como especialista certificado y si hubo anestesiólogo con cédula y certificación; si existían equipos y personal para atender una emergencia intraoperatoria; si se documentó un consentimiento informado real, con evaluación de riesgos y respaldo hospitalario. Cada respuesta no solo perfilará responsabilidades penales y administrativas: también definirá si la autoridad sanitaria aplica sus propias reglas con rigor.

La comunidad exige pasos inmediatos que caben en la ley y no admiten demora: suspensión precautoria de actividades si hay riesgo inminente; auditoría de expedientes, bitácoras y resguardo de medicamentos; notificación a pacientes recientes para seguimiento clínico; informe sanitario público —dentro de los límites del debido proceso— que separe lo confirmado de lo que sigue bajo investigación. Para la familia de la víctima, corresponde acompañamiento jurídico y psicosocial; para la comunidad médica que sí cumple, una oportunidad de diferenciarse con transparencia exhibiendo permisos, certificaciones y protocolos; para quienes valoran operarse, una guía mínima de supervivencia: verificar licencia del establecimiento, cédulas y certificaciones vigentes, presencia de anestesiólogo acreditado, equipo de reanimación y hospital de respaldo antes de firmar cualquier consentimiento.

El caso pone un espejo incómodo: clínicas que se venden con publicidad agresiva, títulos y “maestrías” que no habilitan para operar, y pacientes que depositan su vida en promesas sin preguntar por la letra pequeña. Es un ecosistema que solo se corrige con inspecciones reales, sanciones efectivas y cultura de verificación. La discusión de fondo no es estética: es salud pública.

La belleza no puede sostenerse sobre quirófanos improvisados ni sobre silencios oficiales. Investigar, sancionar y prevenir no es consigna: es el mínimo ético para que ninguna familia de Coahuila vuelva a cruzar la frontera estatal con la vida en una rifa.