En conversaciones en fábricas y talleres de Arteaga y Ramos Arizpe, obreros y transportistas comentan con inquietud el activismo de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que ha comenzado a “rondar” empresas para afiliar a trabajadores mediante mecanismos legales como la constancia de representatividad sindical, una dinámica que despierta expectativas de defensa colectiva, pero también sospechas de presión sindical.

La CATEM ha reforzado sus operativos en el sureste de Coahuila; Roberto Ibarra, delegado del sindicato y coordinador del Partido Verde en Arteaga, visitó la empresa Orsan para promover la obtención de la constancia de representatividad, que requiere al menos 30 % de firmas de los trabajadores. En menos de un mes, alcanzaron esas firmas en varias compañías de la zona.

El contexto regional añade tensión: en La Laguna de Durango, empresarios han denunciado presuntos cobros indebidos, extorsiones sindicales y amenazas, lo que ha encendido alertas en las cámaras empresariales que temen la reproducción de esas prácticas en Coahuila.

Hasta ahora se ha confirmado que la CATEM utiliza vías legales –como la reforma laboral de 2019– para promover afiliaciones sindicales y busca activamente la constancia de representatividad. Todavía no está claro si hubo presiones o prácticas intimidatorias, ni si existe aceptación institucional o resistencias dentro de las empresas.

La disputa en curso genera reacciones contrapuestas: mientras algunos trabajadores ven una oportunidad para organizarse y acceder a derechos, varios sectores empresariales piden regulación firme y alertan sobre riesgos a la paz laboral. Será clave observar si la autoridad laboral estatal interviene para garantizar procesos justos y transparentes.

El derecho a sindicalización es legítimo y necesario, pero debe ejercerse sin presión ni temor. Coahuila requiere equilibrio: afiliarse por convicción, no por obligación, y preservar la estabilidad laboral sin neutralizar la voz obrera ni abrir espacios para prácticas irregulares. Vigilancia ciudadana y transparencia son el mejor antídoto.