El alcalde Román Alberto Cepeda nombró a Darío Calvillo Montoya como nuevo comandante del Grupo de Reacción Torreón (GRT), acompañado del Ejército en la ceremonia oficial. El movimiento despierta suspicacias: mientras el discurso presume fortaleza institucional, en la práctica persisten dudas sobre rendición de cuentas y eficacia del cuerpo.

El nombramiento ocurrió en la reunión semanal de seguridad, con la presencia del general de la Sexta Zona Militar, Juan Carlos Quiroz Muñoz. La imagen buscó proyectar coordinación civil-militar.

Sin embargo, ¿qué tan sólida es esa coordinación cuando el GRT arrastra señalamientos por operativos poco claros y falta de protocolos públicos? ¿Quién audita sus actuaciones? El Siglo de Torreón reportó la noticia como un relevo administrativo, pero organizaciones de derechos humanos en la Laguna han recordado antecedentes de quejas por detenciones arbitrarias.

A nivel estatal, el gobierno de Coahuila insiste en que mantiene índices de seguridad estables, pero evita detallar el costo operativo de cuerpos de reacción como el GRT. La federación, por su parte, promueve que las policías locales fortalezcan su capacitación en protocolos de uso de la fuerza; sin embargo, ¿se está aplicando esto en Torreón?

Los cambios de mando en seguridad deberían ser señales de confianza y certidumbre. En cambio, este relevo en el GRT deja más preguntas que respuestas: ¿quién responde por los errores pasados?, ¿qué garantía tienen los ciudadanos de que no se repetirán abusos? Coahuila no puede seguir celebrando nombramientos sin garantizar controles reales. ¿Queremos cuerpos de reacción que operen con sombra y discrecionalidad, o instituciones que rindan cuentas y fortalezcan la seguridad ciudadana con transparencia?