El megadecomiso de 3.7 millones de litros de hidrocarburo en Coahuila no fue un golpe fortuito: la FGR ya tenía bajo la lupa 144 carpetas por robo de combustible en la entidad. El aseguramiento confirmó lo que las cifras venían advirtiendo: el huachicol sigue activo y más organizado de lo que se admite.

La reciente incautación histórica de hidrocarburo en Ramos Arizpe –considerada una de las más grandes en la historia del país– fue solo la punta del iceberg. De acuerdo con datos oficiales, la Fiscalía General de la República (FGR) ya había integrado 144 carpetas de investigación por delitos relacionados con el robo de combustible en Coahuila, tan solo entre 2019 y lo que va de 2024.

De esos casos, 104 se iniciaron por denuncias penales presentadas directamente por Petróleos Mexicanos (PEMEX), lo que confirma la persistente vulnerabilidad de los ductos en la región. El resto derivó de reportes ciudadanos o hallazgos directos de fuerzas de seguridad.

El operativo reciente, en el que se aseguraron más de 3.7 millones de litros de combustible, fue resultado de una investigación de inteligencia que involucró vigilancia encubierta, seguimiento de rutas y colaboración entre fuerzas federales. El predio asegurado en Ramos Arizpe era un centro clandestino de almacenamiento de grandes dimensiones, equipado con tecnología y logística comparable con la de una empresa formal.

Coahuila, al no ser tradicionalmente considerado un “foco rojo” del huachicol, había estado fuera del radar mediático, pero los datos muestran otra realidad. Las redes delictivas han diversificado sus operaciones, aprovechando zonas industriales, carreteras de alto flujo y regiones poco vigiladas.

El aseguramiento no solo visibilizó la magnitud del problema, sino también la urgencia de replantear las estrategias de vigilancia y fiscalización. La FGR advirtió que las investigaciones continúan y podrían extenderse a otras entidades vecinas como Nuevo León y Tamaulipas.

En paralelo, el Congreso local ha solicitado informes a las autoridades federales para conocer si existen empresas coahuilenses involucradas directa o indirectamente en el ilícito, y si hubo omisión por parte de funcionarios locales.

Cuando el crimen organizado se disfraza de industria, la omisión se convierte en complicidad. El caso Ramos Arizpe no debe verse como un golpe aislado, sino como una llamada de alerta para todo el aparato institucional. El huachicol no solo perfora ductos: también agujera la confianza pública y la seguridad energética. Coahuila debe estar preparado, porque el combustible del delito aún corre bajo tierra.