El subsecretario Iván Alejandro Moscoso González informó que se ha inspeccionado apenas el 40 % de los 115 centros de rehabilitación (anexos) registrados en Coahuila, donde operan en total 400 establecimientos relacionados con adicciones, una cifra limitada que resuena con preocupación entre familias y especialistas ante la preocupante cifra de víctimas dentro de estos espacios.

Los recorridos de verificación iniciaron para constatar que los anexos cuenten con permisos sanitarios, protocolos de Protección Civil, atención médica adecuada y orientación conforme al manual de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Aunque muestran disposición para regularizarse, el avance apenas alcanza un 40 % de los centros dedicados a rehabilitación en un estado que concentra el mayor número de muertes dentro de anexos en el país: 15 de los 94 registrados en 2024. Hasta el momento se han clausurado 16 instalaciones por irregularidades.

Este panorama expone una falla estructural en la supervisión: operar sin inspección pone en riesgo vidas y contrasta con los esfuerzos declarados por ordenar el sector. La lentitud en la regulación, sumada al alto costo humano, coloca a la salud pública en una encrucijada urgente.

Lo confirmado: recorrido iniciado, supervisión al 40 % de los anexos, clausura de 16 centros, y Coahuila como líder nacional en muertes en estos establecimientos. Lo que falta por confirmar: si hay fecha límite para completar las visitas, si se activará un plan estatal para reforzar capacitaciones o aplicar sanciones más contundentes, y si habrá mecanismos de denuncia ciudadana más accesibles.

La prevención no puede esperar: cuando se trata de vidas vulnerables, supervisar, sancionar y transparentar no son opciones, son urgencias. Coahuila debe cerrar este golpe de timón con horarios y resultados claros, no promesas diluidas.