El conflicto entre transportistas independientes y el sindicato CATEM estalló de nuevo en La Laguna. Productores agrícolas y operadores de carga acusaron a dicha central obrera de imponer cuotas ilegales y bloquear operaciones logísticas, lo que ha generado pérdidas económicas severas y un clima de tensión en la región.

Las denuncias fueron encabezadas por miembros del Frente Lagunero de Transportistas y productores de melón, sandía, alfalfa y otras mercancías, quienes acusaron a CATEM de exigir pagos de hasta 15 mil pesos por cada unidad que transita en rutas clave, bajo amenazas de represalias si no se cumplen sus condiciones. Aseguran que no se trata de negociación sindical, sino de auténticas extorsiones.

Ante la falta de respuesta efectiva del gobierno estatal, los afectados pidieron la intervención directa del gobierno federal para frenar lo que califican como “violencia institucionalizada desde un sindicato”. Las movilizaciones incluyeron bloqueos parciales y concentraciones pacíficas con pancartas y testimonios documentados. El llamado fue claro: “no más cobros, no más amenazas”.

Cuando el transporte se convierte en rehén del chantaje, toda la cadena productiva se tambalea. La Laguna necesita trabajo, no amenazas. Y el gobierno —federal o estatal— no puede seguir viendo hacia otro lado mientras se cobra con miedo lo que debería moverse con libertad.