En grupos de WhatsApp de mineros y familiares en la Región Carbonífera, la preocupación es creciente: los accidentes registrados en lo que va de 2025 ya rebasaron los reportados durante todo 2024, de acuerdo con cifras oficiales. Los datos confirmados señalan que se acumulan más de una decena de siniestros con víctimas; sigue sin resolverse si los nuevos protocolos de inspección están logrando prevenir o solo reaccionar después de cada tragedia.

La Secretaría del Trabajo federal asegura que ha intensificado visitas a los pozos y minas, mientras que las familias reclaman que las inspecciones se anuncian con antelación y pierden eficacia. Por su parte, autoridades estatales destacan avances en protección civil, pero empresarios del ramo reconocen que falta inversión en seguridad y modernización de instalaciones.

Este contraste abre un debate más amplio: ¿cómo equilibrar la necesidad económica de la minería con la vida de los trabajadores? En Sabinas, Múzquiz y San Juan de Sabinas, los sindicatos locales insisten en que la capacitación y la protección laboral no pueden seguir siendo vistos como gastos secundarios.

Las minas han dado riqueza a Coahuila, pero no pueden seguir cobrándola con vidas humanas. La pregunta ciudadana es: ¿queremos un modelo minero que priorice producción rápida, o uno que garantice seguridad real para cada trabajador bajo tierra?