en Monclova, luego de que Clarisa N —una camarera acusada de participar en el robo de 1.5 millones de pesos— señalara posibles malos tratos, en paradas de camión y chats vecinales corrió el rumor de tortura, aunque el delegado regional Miguel Ángel Medina Torres negó categóricamente cualquier agresión, afirmó que la Fiscalía actuó con apego estricto a la ley, que se activó el Protocolo de Estambul y que las cámaras de seguridad en el área de detención podrían ser revisadas por el juez para aclarar lo ocurrido.

La Fiscalía General del Estado en Monclova respondió de inmediato con firmeza: “aquí no hay golpes, aquí no hay bolsazos, aquí nos apegamos estrictamente a derecho”, subrayó el delegado Medina Torres, y recordó que el juez ordenó aplicar el Protocolo de Estambul para descartar o ratificar tortura. Según él, Clarisa N salió acompañada por familiares y parecía conforme con el proceso, lo que, a su juicio, contradice las acusaciones. Además, mencionó que si el juez Óscar Cadena lo solicita, se pueden facilitar las grabaciones de seguridad que podrían aclarar los hechos con objetividad. Medina agregó que en muchas ocasiones las acusaciones de abuso son infundadas, y que la Fiscalía trabaja con ética, transparencia y garantizando el debido proceso. Se indicó también que el juez ha dado un plazo total de tres meses para integrar la carpeta de investigación del caso; hasta ahora apenas ha transcurrido un mes, y ambas partes deben aportar pruebas durante ese periodo.

Este episodio obliga a un examen más riguroso: no basta con negar; la transparencia debe ser acompañada de acciones. Poner a disposición del juez las cámaras de seguridad es una oportunidad para reforzar la confianza institucional. En Coahuila se requiere que los protocolos no queden en papel, sino que garanticen justicia clara y percepción pública de imparcialidad.