Alonso Ancira, expresidente de AHMSA, dejó inconcluso su acuerdo reparatorio con Pemex por 216 millones de dólares tras venderles una planta inoperante. Después de haber pagado poco más de la mitad, hoy reclama que la acusación fue un “montaje” y solicita cancelar el convenio que le permitió salir de prisión en 2021.

El empresario atribuye sus recursos a una compradora privada y no a Pemex, y niega que haya existido daño al erario. Sin embargo, su demanda llega tras no haber cumplido con los 112 millones de dólares restantes desde 2023, y sin que las autoridades hayan ordenado su reaprehensión pese al incumplimiento.

El episodio expone una grieta entre justicia pactada y evasión práctica del compromiso. Al exhibirse como protegido de una impunidad programada, Ancira arroja sombras sobre lo que debería ser reparación civil. Para Coahuila, su caso no es solo legado de corrupción: es advertencia sobre impunidad revestida de pacto legal.

La reparación no es un recibo que se imprime cuando conviene. La justicia no se pacta para evadir. En Coahuila, la memoria colectiva exige que la palabra se cumpla —no se cancele— sin importar la fuerza con que nazca el acuerdo.