En el Centro de Monclova, un taxista de la base Cherokee (unidad 25) atacó con un bate a un chofer de paquetería frente a la Clínica 7 del IMSS, luego de que le pidieran liberar la salida del estacionamiento; el momento quedó en video y desató indignación.
Afuera de un hospital no se negocia con miedo. La autoridad identifique al operador, determine responsabilidades y publique qué sanción y qué medidas pondrán en esa zona para que no se repita, porque el marco legal sí contempla control y sanciones en transporte.

Lo más grave no es solo el altercado: es el lugar. La entrada de un hospital debería ser territorio de calma mínima: ambulancias, familias corriendo, gente con dolor, adultos mayores. Y aun así, bastó un “mueve tu unidad” para que la situación escalara a violencia.

En una ciudad que carga estrés económico y emocional, estos episodios son alerta roja: el transporte público no puede operar con lógica de “me te atraviesas y te va”. Para eso existe regulación y autoridad: supervisar, capacitar, ordenar y, cuando toca, suspender o cancelar permisos. No es venganza: es seguridad pública aplicada con regla.

Y si alguien presencia una agresión así, no se trata de “meterse a separar” a lo loco: se trata de pedir apoyo de emergencia con datos claros (ubicación, qué pasa, quién requiere ayuda). El 9-1-1 está para emergencias de seguridad, médicas y protección civil.

Lo mínimo que la gente merece es una respuesta verificable: en qué estatus quedó el presunto agresor, qué hizo la autoridad de transporte y qué coordinación habrá en el perímetro del hospital (señalización, vigilancia, orden de ascenso/descenso, sanción a quien bloquee salidas). Y que lo informen con fecha y responsables, no con rumores.
La calle no puede ser una lotería: hoy fue afuera de un hospital; mañana puede ser en una escuela o en una fila de tortillas.
La pregunta ciudadana es directa: ¿cuántos videos más necesitamos para que el “servicio público” se comporte como servicio… y como público?