En Coahuila, la escena de un perro encontrado colgado en una iglesia en Frontera evidencia una grave falla: aunque el Estado cuenta con normas que tipifican el maltrato como delito, la aplicación efectiva, seguimiento y prevención aún no logran cerrar la brecha entre ley y realidad.

El artículo 261 del Código Penal de Coahuila establece penas de uno a tres años de prisión y cien a quinientos días multa para el que cometa actos de crueldad contra animales, y de dos a seis años si el animal muere o se filma el acto.

Aun así, un informe del Atlas de Maltrato Animal registra que aunque hay leyes, la tasa de castigo es excepcionalmente baja.

En el ámbito institucional, la nueva Ley de los Derechos de los Seres Sintientes para el Estado de Coahuila de Zaragoza faculta a organizaciones protectoras a presentar querellas, permite decomiso de animales y da marco para protocolos de atención.

En la región de Frontera/Monclova, la gravedad de la situación —un animal en condición extrema dentro de un espacio público— revela que la supervisión municipal, tanto preventiva como reactiva, requiere fortalecerse.
Desde la perspectiva de la federación y aliados estatales, el enfoque debe pasar de sanción reactiva a una política integral: registro de animales, campañas de tenencia responsable, cobertura de control municipal, inspecciones rutinarias y reporte público de resultados. La oposición estatal debe exigir transparencia: cuántos casos se denunciaron, cuántos se investigaron, cuántas resoluciones se dictaron y cuántos perpetradores fueron sancionados.

Coahuila reconoce a los animales como seres sintientes, tipifica la crueldad y señala sanciones claras. Pero más allá de la norma, lo que los ciudadanos reclaman es acción concreta y visible. Cuando un perro aparece colgado en un templo, no basta con indignarse —exige rendición de cuentas. ¿Cuándo podremos acceder a un «reporte público de maltrato animal» por municipio en Coahuila, con indicadores de denuncias, sentencias y animales rescatados?