Las recientes reformas laborales —como la reducción de la jornada a 40 horas, la “Ley Silla” y ajustes a la Ley de Amparo— podrían poner en riesgo a 8 de cada 10 empresas en la región de La Laguna, según la COPARMEX Laguna, lo que abre una alerta estatal sobre el impacto en empleo, productividad y formalidad en Coahuila.

En Torreón, el presidente de COPARMEX Laguna, Jorge Reyes, señaló que aunque reformas como la reducción de la jornada laboral y la Ley Silla tienen objetivos positivos, carecen de incentivos y apoyo específicos para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que constituyen la mayoría del tejido empresarial en Coahuila. Afirma que “ocho de cada 10 empresas son vulnerables y podrían desaparecer si no se considera su condición particular”.

El organismo advierte que las disposiciones fueron decretadas sin diferenciar entre una empresa de dos colaboradores y una de mil empleados, lo que podría venir acompañado de cierre de negocios y pérdida de empleos.

Este escenario tiene implicaciones estatales: Coahuila depende en amplia medida de MiPymes para el empleo y la economía regional, por lo que sin un plan de acompañamiento —créditos, incentivos, programas de digitalización, capacitación— podría generarse una crisis de formalidad y competitividad. Aunque el discurso oficial promueve la modernización laboral, la pregunta queda en el aire: ¿cuándo implementará el estado una guía clara de apoyo para que las MiPymes cumplan con las reformas sin sacrificar viabilidad?

La vocación de modernizar el marco laboral es loable, pero en Coahuila no basta con una reforma general: se necesita una adaptación diferencial con MiPymes al centro. Si no se construye ese puente, estas reformas podrían convertirse en barrera para el empleo y motor de informalidad. ¿Logrará el estado de Coahuila que estos cambios normativos sean una oportunidad y no un riesgo para las empresas locales?