En la sala del Centro de Justicia Penal de Monclova, el exdirector general de Altos Hornos de México, Luis Zamudio Miechielsen, salió en libertad. Un juez dictó auto de no vinculación a proceso, al concluir que las pruebas presentadas no acreditaban su responsabilidad en la desaparición de más de 9 toneladas de estaño perteneciente a Grupo Afirme.

La acusación recayó sobre la causa penal 749/2025, en la que Afirme denunció un faltante valorado en aproximadamente 9.79 millones de pesos. Los cargos eran de abuso de confianza en calidad de depositario en cuantía mayor.

Durante la audiencia, el juez consideró que aunque existía evidencia del faltante del material, no hubo datos suficientes para demostrar que Zamudio autorizara, manejara o dispusiera el traslado del estaño. En sus palabras: “existe el robo de ese material, de quién no sabemos”.

Zamudio salió con semblante tranquilo y declaró que él mismo había reportado el hurto desde 2024. “No hay prueba de lo que se decía”, dijo a la prensa, al tiempo que su defensa anunció que apelaría la resolución dentro del plazo legal de tres días hábiles.

Por parte de Afirme, se comunicó que la decisión puede ser impugnada y que insistirán en llevar el caso a instancias superiores.

Que el exdirector de una empresa emblemática como AHMSA quede libre por falta de pruebas envía una señal compleja para la justicia en Coahuila. En casos similares de exfuncionarios o empresarios prominentes, la defensa ha logrado neutralizar acusaciones por deficiencias probatorias. En municipios medianos —con menos recursos institucionales— este tipo de impunidad puede volverse regla implícita.

La pregunta que queda abierta es si este fallo será aislado o parte de un patrón: cuando los casos involucran actores con influencia, ¿suele jugar la carencia de pruebas a su favor? Y más: ¿qué blindaje tienen los ciudadanos comunes frente a acusaciones de funcionario poderoso?

De que exista robo material no cabe duda; pero que el responsable no se juzgue por él es lo que refleja desigualdad. Si en Monclova se absuelve sin demostrar quién retiró esas toneladas, ¿qué esperanza hay para que la justicia alcance a quienes no tienen recursos? ¿Queremos un Coahuila donde “no hay pruebas” sane delitos o uno donde las instituciones llenen esas lagunas con diligencia y transparencia?