La clausura del centro de rehabilitación Áncora en Monclova, por carecer de permisos y operar a un costado de una escuela, volvió a encender la discusión sobre los llamados anexos en Coahuila. Autoridades estatales ejecutaron el cierre tras denuncias vecinales, pero colectivos advierten: el problema es mucho mayor y refleja la falta de vigilancia sistemática en todo el estado.

El operativo sorpresa, encabezado por la Secretaría de Salud y Protección Civil estatal, determinó que el centro Áncora no contaba con licencia sanitaria y carecía de condiciones mínimas para atender a los internos. Además, vecinos habían denunciado presuntos malos tratos y el riesgo que representaba su cercanía con un plantel escolar.

Tras la clausura, medios locales confirmaron que al menos otros tres anexos en Monclova se encuentran bajo investigación por operar de manera irregular, lo que exhibe un patrón de omisiones en la supervisión. La CNDH, en su Informe Especial 04/2022, ya había advertido que en Coahuila —y en gran parte del país— estos espacios funcionan sin protocolos médicos adecuados ni personal capacitado.

Se ha confirmado que en Coahuila existen más de 250 centros de rehabilitación, de los cuales una tercera parte no tiene autorización formal. La clausura en Monclova refleja el riesgo de dejar en manos de instituciones opacas la atención a un problema tan sensible como las adicciones.

Cerrar un anexo irregular es una medida necesaria, pero insuficiente: se necesita un sistema robusto de inspección preventiva y alternativas públicas de atención. De lo contrario, los vacíos institucionales seguirán siendo ocupados por centros improvisados. ¿Esperaremos al próximo escándalo para reaccionar, o construiremos un modelo digno y seguro de atención a las adicciones en Coahuila?