En Torreón, el Instituto Municipal de la Mujer y la Universidad La Salle firmaron un convenio que permitirá a estudiantes de Psicología, Derecho y Comunicación realizar prácticas y servicio social. El acuerdo refleja una tendencia creciente en Coahuila: la necesidad de vincular academia y políticas de género para enfrentar una realidad que no se resuelve en aulas.

El IMM informó que el convenio busca que jóvenes universitarios participen en talleres, capacitaciones y atención comunitaria. La directora Amira Lucía Darwich señaló que se trata de acercar la teoría con la práctica, al tiempo que los estudiantes aportan ideas frescas para el trabajo de la dependencia.

El Siglo de Torreón reportó que el objetivo es fortalecer la perspectiva de género en la formación profesional. Pero la pregunta persiste: ¿qué tan efectivas son estas vinculaciones en mejorar la atención real a mujeres en situación de violencia? ¿Cuántas plazas concretas se ofrecerán y con qué seguimiento académico?

En Coahuila, varias universidades han firmado convenios similares, respaldados por el INMUJERES a nivel federal. Sin embargo, los colectivos feministas recuerdan que la efectividad se mide en resultados: reducción de casos de violencia, atención psicológica oportuna y asesoría legal efectiva. Sin esos indicadores, los convenios corren el riesgo de convertirse en actos protocolarios más que en políticas públicas vivas.

La firma en Torreón es una buena noticia: abre espacios para jóvenes y acerca la academia a los problemas de género. Pero no debe quedarse en foto ni en discurso. El verdadero desafío está en medir el impacto en la vida de las mujeres y en exigir cuentas claras. ¿Queremos convenios que sumen currículums, o alianzas que realmente transformen la atención de género en Coahuila?