Con contratos pasados que superan los 3 mil 200 millones de pesos en solo tres años, las empresas ligadas al diputado del PT, Antonio “Tony” Flores Guerra, vuelven a la carga. Para los pequeños productores de la Región Carbonífera, que luchan por competir en igualdad de condiciones, la noticia es una afrenta: a pesar de haber sido “vetado” por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por prácticas monopólicas y vender presuntamente carbón adulterado, las empresas del legislador fueron inscritas en la nueva licitación para abastecer a las termoeléctricas de Nava.

El caso pone a prueba la integridad de los procesos de compra de la CFE y la influencia política en uno de los sectores económicos más importantes y polémicos de Coahuila. Registros oficiales indican que la CFE le asignó a empresas relacionadas con Flores y su familia más de 3,200 millones de pesos en contratos en solo tres años, antes de ser sancionado.

La CFE, como entidad del gobierno federal, aplicó en su momento el protocolo de veto como una solución para combatir la corrupción. Ahora, el gobierno estatal del PRI y los propios partidos de oposición enfrentan la exigencia de garantizar una competencia justa para todos los productores de la Región Carbonífera.

¿Aplicará la CFE sus propios controles de manera rigurosa en esta nueva licitación para impedir que un personaje previamente señalado por monopolio vuelva a acaparar los contratos, o prevalecerán las influencias políticas sobre la transparencia? La pregunta se responderá el próximo 1 de octubre, cuando se dé el fallo.

La historia del carbón en Coahuila es una de riqueza para la tierra, pero a menudo de poder y sospecha para sus “reyes”. La pregunta para la CFE y las autoridades de Coahuila no es si las empresas de Tony Flores son legales en papel, sino si permitirán que un sistema viciado por el monopolio y la trampa se perpetúe, sacrificando a los pequeños productores y la integridad del sector.