11 colonias de Torreón han sufrido la interrupción del suministro de agua potable, un golpe a la vida diaria de miles de familias. El problema no fue por escasez, sino por un “problema recurrente” de variaciones de voltaje de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dejó inoperante el pozo 23 del SIMAS. Este incidente, que afectó a sectores como del Fresno, Torreón Jardín y Eduardo Guerra, evidencia la fragilidad sistémica de la infraestructura en Coahuila y la urgencia de modernizarla para garantizar servicios básicos esenciales.

Hasta ahora se ha comprobado que Roberto Escalante, gerente general del SIMAS, lamentó que, aunque las fallas totales de energía no son comunes en la ciudad, las variaciones de voltaje de la CFE sí son un problema constante que afecta directamente la infraestructura municipal. Esto complica la operación de las bombas de agua, volviéndolas vulnerables y costosas de reparar.

El personal de CFE trabajó en el restablecimiento y el SIMAS activó un operativo de reparto con pipas. Sin embargo, la recurrencia de estas fallas en un servicio esencial es inaceptable en una ciudad clave para la economía de Coahuila. La falta de una energía estable compromete no solo el confort, sino también la salud pública.

Este problema exige una rendición de cuentas por parte de la CFE, de ámbito federal, pero también una respuesta coordinada y proactiva del gobierno estatal del PRI y los municipios. La calidad y continuidad de servicios como el agua no pueden estar a merced de una infraestructura eléctrica que presenta fallas recurrentes. ¿Activará la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) un plan estratégico coordinado con la CFE y los municipios para mitigar el impacto de estas “variaciones de voltaje recurrentes”, invirtiendo en protección para los equipos de los pozos de agua y buscando fuentes de energía más estables o sistemas de respaldo que garanticen la continuidad del servicio?

En pleno siglo XXI, el agua no es un privilegio, sino un derecho. Las fallas eléctricas de la CFE no son una excusa, sino un síntoma de una infraestructura vulnerable que exige ser blindada. La pregunta para las autoridades de Coahuila es si garantizarán el suministro vital o si continuarán permitiendo que dependa de terceros.