Para 121 familias de Torreón, la entrega de escrituras por el alcalde Román Alberto Cepeda y el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, es un alivio largamente esperado, que les otorga certeza jurídica sobre su patrimonio. Sin embargo, más allá de la celebración oficial, esta acción pone en relieve el enorme rezago histórico en la regularización de la tenencia de la tierra en Coahuila y abre cuestionamientos sobre la lentitud de los procesos, el alcance real de estos programas y su posible instrumentalización política.

Las familias de colonias como Villa California y San Agustín, entre otras, recibieron documentos cuyo valor se estima en 30 mil pesos, con la promesa de descuentos especiales en octubre. El alcalde Cepeda destacó la importancia de la seguridad y el fortalecimiento del tejido social a través de estos programas. No obstante, la cifra de 121 escrituras palidece frente a las miles de familias que en Torreón y en todo el estado aún viven en la incertidumbre jurídica de sus hogares, evidenciando que estas entregas son solo una fracción de la necesidad real y un avance pausado de décadas de abandono.

La presencia de múltiples autoridades municipales y estatales, incluyendo legisladores, en este tipo de eventos, a menudo genera críticas sobre la capitalización política de un derecho ciudadano que, para muchos, debería ser un proceso administrativo eficiente y apolítico.

¿Qué planes tiene el Ayuntamiento de Torreón y la CERTTURC para agilizar masivamente la regularización de la tenencia de la tierra en el resto del municipio y del estado, más allá de entregas simbólicas, y qué garantías existen de que estos programas sean accesibles y equitativos para las familias más vulnerables que no pueden costear ni los “descuentos especiales”? La pregunta es fundamental para transformar el alivio en una solución sistémica para la propiedad en Coahuila.

Entregar 121 escrituras es un paso, pero el camino hacia la justicia de la tierra en Coahuila es largo y accidentado. La pregunta para las autoridades no es si celebrarán estas entregas, sino cuándo abordarán la raíz del problema, acelerando un proceso que es un derecho y no un favor, y garantizando que cada familia tenga la certeza legal de su hogar, sin esperas infinitas ni usos políticos.