La muerte del trabajador Carlos Gurrola en Torreón ha escalado hasta el despacho del Gobernador Manolo Jiménez, quien ha intervenido personalmente en el caso, transformando una tragedia laboral en una crisis de estado que ha revelado profundas fallas sistémicas, desde la supervisión empresarial hasta la cultura del acoso.

El Gobernador manifestó su consternación y confirmó que el Fiscal General del Estado atiende personalmente el asunto, mientras él actúa como mediador entre la empresa H-E-B y la familia de la víctima, logrando ya “acuerdos positivos”. Esta intervención política de alto nivel responde a la fuerte presión social generada por el caso.

Paralelamente, la investigación penal ha dado un giro. La Fiscalía General del Estado, tras revisar videos de seguridad junto a la familia y sus abogados, ha señalado que no existen datos de prueba de una intencionalidad o dolo en los hechos, lo que podría reclasificar el caso de un homicidio intencional a uno culposo (negligente).

La tragedia también provocó una reacción sin precedentes del sector empresarial. La Canacintra hizo un llamado enérgico a sus agremiados para reforzar los protocolos de supervisión y atender la salud mental y el mobbing en los centros de trabajo.

¿Se traducirá la intervención del Gobernador y la reacción de Canacintra en una nueva política pública estatal, con inspecciones laborales más rigurosas y certificaciones de ambientes libres de acoso para las empresas en Coahuila? La pregunta define si esta crisis generará un cambio real.

La intervención del Gobernador es una señal de que la presión ciudadana funciona, pero la verdad legal parece ser más compleja que la indignación inicial. La pregunta para Coahuila no es solo quién es el culpable penal, sino cómo se reformará un sistema laboral y empresarial que le falló a Carlos Gurrola, de 47 años, en múltiples niveles.