En las tesorerías de varios municipios de Coahuila, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cayó como un balde de agua fría. La Corte invalidó la facultad que tenían los ayuntamientos para cobrar por el “visto bueno” a proyectos de energía, una decisión que, si bien blinda la rectoría federal en el sector, impacta directamente en las finanzas locales y en las reglas para la atracción de inversiones en todo el estado.

El fallo se originó por una controversia sobre la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de Coahuila. Amparados en esta ley, municipios podían exigir un pago a empresas de energía —eléctrica o de hidrocarburos— para autorizar sus proyectos. La Corte determinó que esto es una invasión de facultades exclusivas del Congreso de la Unión, que es el único que puede legislar en materia energética.

Esta decisión se alinea con la política del gobierno federal de mantener un control centralizado sobre el sector energético, un protocolo clave de la 4T para garantizar la soberanía nacional. Sin embargo, para los gobiernos municipales de oposición, particularmente del PRI, esta resolución representa un golpe a su autonomía financiera y una merma en los ingresos propios, lo que exige una rendición de cuentas sobre cómo se compensarán estos recursos.

¿El Gobierno del Estado buscará alguna estrategia legal o un nuevo esquema de coordinación con la federación para que los municipios puedan obtener beneficios directos de los grandes proyectos energéticos que se instalan en su territorio?

La Suprema Corte ha puesto orden en las competencias, pero ha dejado un vacío en las finanzas municipales. Si los grandes proyectos energéticos usan suelo y servicios de los municipios, ¿no es justo que contribuyan directamente a su desarrollo? La pregunta para nuestros legisladores federales y estatales es: ¿cómo se puede crear un sistema que respete la rectoría federal sin dejar desprotegidas las arcas de los municipios que albergan la riqueza energética de Coahuila?