En grupos ciudadanos de Saltillo y en debates de abogados en Coahuila resurge un tema incómodo: la orden de aprehensión contra Jesús Farias, ligada a procesos judiciales en la Laguna, sigue vigente y sin cumplirse. Este retraso alimenta la percepción de que la justicia en el estado avanza a ritmos desiguales y depende más de coyunturas políticas que de la ley.

Hasta ahora se ha comprobado que la orden fue dictada por tribunales competentes y confirmada en revisiones posteriores. Sin embargo, la falta de ejecución mantiene abierta una herida que no solo afecta a la Comarca Lagunera, sino que cuestiona la capacidad estatal de garantizar un sistema judicial eficaz.

Todavía no está claro si existen acuerdos políticos o vacíos legales que han frenado el cumplimiento. Lo cierto es que este caso se suma a otros pendientes en materia de impartición de justicia en Coahuila, donde la confianza ciudadana depende de la transparencia en procesos judiciales.

La justicia que tarda, falla. El caso Farias es un recordatorio de que el sistema judicial en Coahuila no puede depender de silencios ni dilaciones. La ciudadanía debe exigir certeza: ¿puede el estado garantizar que ninguna orden quede en el limbo?