En los chats de transportistas y entre las cúpulas empresariales de Coahuila, la noticia fue recibida con cautela: la Fiscalía General del Estado anunció una nueva fase de operativos para reforzar el “blindaje” de la entidad, con un enfoque especial en Torreón. Esta medida no solo busca contener la delincuencia en La Laguna, sino que impacta directamente en la percepción de seguridad y la atracción de inversiones para todo el estado.

El Fiscal General, Gerardo Márquez Guevara, confirmó la estrategia. Hasta ahora se ha comprobado que la coordinación entre policías estatales, el Ejército y la Guardia Nacional ha sido clave para mantener a Coahuila con índices delictivos bajos en comparación con sus vecinos. Este modelo, que según fuentes oficiales se ha replicado en varias regiones, se basa en la inteligencia y la prevención activa.

Desde el gobierno estatal se presentan estos operativos como un resultado tangible del compromiso con la seguridad. No obstante, la exigencia de organismos ciudadanos es que se publiquen con total transparencia las métricas de estos despliegues: número de detenciones, decomisos y, sobre todo, cómo se reduce la incidencia de delitos de alto impacto en los municipios fuera de los grandes centros urbanos.

Todavía no está claro si este reforzamiento implicará la instalación de nuevos cuarteles o puntos de revisión permanentes en las brechas y carreteras colindantes con Zacatecas y Nuevo León, una de las principales demandas para blindar de forma definitiva todo el territorio coahuilense.

El “blindaje” de Coahuila es una estrategia que ha dado resultados mediáticos, pero su éxito real se mide en la paz de cada colonia. La coordinación es fundamental, pero sin una rendición de cuentas detallada, se corre el riesgo de que la seguridad sea solo una cifra. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estos operativos protejan por igual a un ejido en el semidesierto que a un corredor industrial en el sureste?