En los grupos de WhatsApp de obreros de la Región Sureste y en las filas de las maquilas crece el mismo comentario: ‘ya no aguanto, voy a renunciar’. Y no es solo un rumor. Un nuevo informe del INEGI revela que Coahuila se ubicó entre los 5 estados con mayor tasa de renuncias laborales del país, con más de 56 mil trabajadores que abandonaron su empleo por un deterioro en sus condiciones en el último trimestre. La cifra representa un incremento del 18% y prende focos rojos sobre la calidad real de los puestos de trabajo en pleno boom del nearshoring.

Hasta ahora se ha comprobado que la principal causa de renuncia ya no es buscar un mejor sueldo, sino escapar de ambientes laborales precarios. Esta tendencia preocupa a organizaciones como la CTM (Confederación de Trabajadores de México), que ha señalado un aumento en las quejas por jornadas de hasta 12 horas y la falta de pago de utilidades, una realidad incómoda detrás del discurso de prosperidad económica.

A la par, la cúpula empresarial del estado pide no generalizar. Líderes de cámaras como la COPARMEX señalan que este fenómeno podría estar concentrado en sectores específicos o en la economía informal. Todavía no está claro si las renuncias masivas provienen de las nuevas empresas que llegan con el nearshoring o de industrias ya establecidas con prácticas anticuadas.

En este contexto, la responsabilidad recae en múltiples frentes. El gobierno estatal (PRI), a través de su Secretaría del Trabajo, debe ofrecer rendición de cuentas y explicar por qué las inspecciones no han logrado frenar este deterioro. Por su parte, el gobierno federal de Morena ha impulsado protocolos como la reforma contra el outsourcing y el aumento al salario mínimo, herramientas diseñadas para combatir la precarización.

Las cifras del INEGI no son una opinión, son una advertencia. Y la pregunta es inevitable: ¿queremos un nearshoring que multiplique empleos precarios o uno que dignifique la vida laboral en Coahuila, como la ciudadanía merece y debe vigilar?