En pasillos universitarios y en pláticas de colectivos ciudadanos, familiares de desaparecidos expresan indignación tras conocerse que apenas 0.24 % de los casos de desaparición en Coahuila concluyen con una sentencia. El dato, revelado en un análisis de carpetas judiciales, confirma lo que las familias han denunciado por años: la impunidad sigue siendo la regla y no la excepción.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado y reportes de seguimiento de organismos de derechos humanos, de más de 3 600 carpetas abiertas solo unas cuantas llegaron a condena efectiva. Esto refleja rezagos en integración de expedientes, falta de pruebas periciales oportunas y ausencia de coordinación entre autoridades de investigación y juzgados.

Hasta ahora se ha confirmado que existen más de 3 600 personas desaparecidas en Coahuila y que las sentencias firmes no superan la decena. Todavía no está claro cuántos casos están en proceso de judicialización ni si las recientes reformas legales en materia de búsqueda permitirán mejorar las cifras.

Colectivos de familiares de desaparecidos en la región sureste y la zona carbonífera insisten en que el problema no es solo estadístico, sino humano: detrás de cada carpeta hay familias que esperan verdad y justicia. Transportistas y comerciantes señalan que la falta de castigo mina la confianza en las instituciones y genera un clima de desprotección generalizada.

Que solo 0.24 % de las desapariciones termine en sentencia es un recordatorio de la deuda institucional con las familias coahuilenses. El reto no es anunciar protocolos, sino garantizar justicia real, con fiscales preparados, jueces sensibles y procesos transparentes. Sin castigo, la herida seguirá abierta.