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Anexo sin abuso, pero bajo lupa: San Buenaventura: internas descartan maltrato en Cadeli, mientras autoridades refuerzan supervisión

Familiares habían denunciado maltratos y abuso en el Anexo Cadeli, pero una de las internas, identificada como Idalia, aclaró que llegó ya embarazada y que el centro solo le informó de su estado después; otras mujeres internas respaldaron esta versión afirmando que no han sido objeto de malos tratos, que la alimentación se distribuye en horarios adecuados y que el trato es respetuoso, una intervención que busca apaciguar la tensión en redes sociales y paradas de camión.

Los directivos del anexo presentaron estos testimonios en público, mientras que la Jurisdicción Sanitaria Número Cuatro confirmó que en la Región Centro solo operan nueve anexos registrados, todos bajo supervisión constante. Faustino Aguilar Arocha, titular de la jurisdicción, informó que estas unidades cuentan con documentación en regla, que son visitadas periódicamente y que se dialoga directamente con internos para verificar condiciones físicas y psicológicas.

La revisión dejó claro que no hay indicios actuales de abuso o trato irregular en Cadeli, aunque también se reconoció que pueden existir anexos no registrados en la zona; sin embargo, hasta el momento no ha llegado ningún reporte formal sobre anomalías en establecimientos fuera del marco legal.

Este giro implica que, hasta ahora, se ha comprobado que las principales acusaciones no se sostienen en el caso de los anexos supervisados. Lo que todavía está por aclarar es si se lanzará una investigación conjunta entre Salud, Derechos Humanos y Fiscalización para asegurar que en todos los anexos del estado se cumplan con los estándares; si habrá canales más accesibles para que familiares denuncien sospechas; y si el Congreso local evaluará establecer protocolos obligatorios de atención y fiscalización más estrictos para estos centros.

Cuando la voz de quienes viven en un centro levanta la calma frente a rumores, toca reforzar no solo con pruebas, sino con transparencia activa y mecanismos que inviten a contarlo todo. Coahuila debe asegurar que, más allá de las disculpas o desmentidos, la supervisión sea permanente, confiable y accesible para recuperar la tranquilidad de comunidades enteras.

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