Coahuila se ubica entre los estados con más quejas ciudadanas contra policías, pero al mismo tiempo figura entre los que menos sancionan a sus elementos, un contraste que ha encendido la conversación en aulas y pasillos de mercado sobre la efectividad de los mecanismos de control interno y la confianza en las corporaciones.

El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal revela que en 2024 se acumularon miles de señalamientos por abusos de autoridad, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, aunque menos del cinco por ciento derivó en sanciones firmes. En la práctica, las denuncias se acumulan mientras los procedimientos disciplinarios parecen quedarse sin consecuencias visibles, lo que debilita la percepción de justicia y transparencia.

El problema se entiende mejor al revisar las atribuciones oficiales de la Policía Estatal: sus tareas formales abarcan la seguridad preventiva, la vigilancia de carreteras, el control de manifestaciones, los patrullajes y la coordinación con fuerzas federales. Pero esas facultades no están acompañadas de mecanismos sólidos de rendición de cuentas ni de recursos suficientes para auditorías internas. Así, mientras se ha comprobado que los abusos son recurrentes, todavía no está claro si el Congreso local impulsará reformas que fortalezcan a los órganos de control, si habrá calendarios de capacitación obligatoria para mandos y tropa, o si el gobierno estatal abrirá a la ciudadanía estadísticas más detalladas sobre sanciones.

La autoridad que patrulla calles, controla carreteras y resguarda manifestaciones no puede quedar por encima del escrutinio. Si Coahuila quiere sostener su imagen de estado seguro, debe cerrar la brecha entre facultades y responsabilidades con sanciones claras, transparentes y ejemplares.