Monclova, en aulas y pasillos de mercado circuló el dato: El bebé de apenas un mes de edad de Ernestina N. —acostada desde el 11 de julio en brazos maternos— evitó prisión para ella, pues la juez del caso penal 744/2025 sustituyó prisión preventiva por resguardo domiciliario en la colonia Borja, restringiéndole incluso salir a la banqueta sin permiso, con la justificación de proteger el vínculo materno durante la lactancia.

Ernestina N. enfrenta acusaciones por robo de una motocicleta en un domicilio; en la audiencia vinculada al proceso, su defensa particular presentó documentos que acreditan su maternidad reciente. Aunque la juez vinculó a proceso por su presunta participación, valoró el interés superior del menor y concedió que cumpliera la medida desde casa, con autorización previa para cualquier salida, además de evitar alteraciones en la crianza del bebé.

El caso generó atención al equilibrar derecho penal y protección infantil. La medida ha sido vista por vecinos en paradas de camión como un gesto humano con arraigo familiar, aunque también ha reabierto preguntas sobre cómo se implementan protocolos para madres en proceso penal. A nivel estatal, no existían líneas claras sobre criterios para mujeres lactantes en procesos judiciales, lo que deja un vacío en la política pública.

Lo confirmado: fecha (15 de agosto de 2025), expediente 744/2025, vínculo a proceso, acreditación de maternidad (11 de julio de 2025), resguardo domiciliario y restricciones incluidas. Lo que falta por confirmar: si se evaluará atención psicosocial para la madre, condiciones específicas del resguardo (como frecuencia de revisión), y si este caso derivará en lineamientos formales para proteger a menores en situaciones legales similares.

Este episodio resalta la urgencia de que los sistemas de justicia consideren realidades familiares sin debilitar los procesos penales, y que brindemos herramientas concretas para atender vulnerabilidades, no solo aplicar normas.