¿Qué significa para las familias de Coahuila que su gasto en salud esté por debajo del promedio nacional —5,836 pesos contra 6,421— se preguntan pacientes, especialistas y organizaciones, porque lejos de ser alivio confirma la dependencia del gasto de bolsillo y de servicios privados ante un sistema público saturado; si casi la mitad del desembolso familiar se va en medicinas, si la atención ambulatoria y hospitalaria comen otro buen tramo, y si el acceso universal no se siente en la cartera, la pregunta es directa: ¿quién protege a los hogares cuando enfermar también empobrece?

En la fotografía estatal, Coahuila aparece por debajo del promedio nacional en gasto de los hogares, mientras entidades como Ciudad de México y Zacatecas concentran los desembolsos más altos y Chiapas o Baja California los más bajos. El dato local no exime al Estado de la discusión de fondo: la estructura del gasto está desbalanceada. Los hogares siguen pagando mayormente medicamentos y otros insumos, rubro que se ha consolidado como el componente más pesado del bolsillo; detrás vienen servicios de apoyo (consultas, seguros, análisis) y, después, hospitalización y procedimientos. Para la economía cotidiana esto se traduce en decisiones duras: posponer una consulta, fraccionar tratamientos, endeudarse o buscar alternativas no siempre seguras.

El contraste con mediciones nacionales confirma la tendencia: el consumo de los hogares en salud se concentra en medicinas y, en buena parte del país, más de la mitad de las personas termina atendiéndose en consultorios y farmacias privadas pese a contar con afiliación pública. Ese “cambio de ventanilla” traslada el riesgo financiero al hogar, agrava la vulnerabilidad de quienes viven con enfermedades crónicas y presiona el ahorro familiar. En Coahuila, donde la población trabajadora sostiene la economía regional, el impacto es directo en productividad y bienestar: cada día sin tratamiento o con tratamiento incompleto sube la factura social.

Lo confirmado: Coahuila está por debajo del promedio nacional en gasto familiar en salud y el patrón de gasto se inclina hacia medicamentos, luego consultas/seguros y después servicios hospitalarios. Lo que falta por aclarar —y conviene transparentar— es la periodicidad exacta de las cifras reportadas por entidad (si son mensuales o anuales, según la metodología original), así como la actualización de las series para medir el efecto reciente de precios, disponibilidad de fármacos y presión sobre servicios privados. Sin esa precisión, el debate se contamina; con ella, se puede ajustar política pública y programas estatales de compra de medicamentos, abasto y prevención.

Para las y los coahuilenses, los pasos prácticos importan: fortalecer compras consolidadas de medicinas, garantizar recetas surtidas en el primer nivel de atención, transparentar tiempos de espera y derivaciones, y ampliar esquemas de detección oportuna para que la enfermedad no llegue a quirófano ni a crédito. Para el sector privado que sí cumple, toca distinguirse con precios claros y prácticas clínicas basadas en evidencia. Para las autoridades, la vara es una: que el acceso a la salud no dependa de la chequera del paciente.

La salud no puede ser una prueba de solvencia. Si enfermar vacía el bolsillo, el sistema falló; si el sistema responde con abasto, prevención y trato digno, el gasto familiar deja de ser castigo y vuelve a ser cuidado.