¿Qué tan seguro y digno es moverse en taxi para una persona con discapacidad en Piedras Negras se preguntan usuarios y colectivos locales, después de que un operador fuera sancionado con 90 días por negarse a brindar el servicio; el castigo, aplicado por la autoridad municipal, envía una señal contra la discriminación pero también abre preguntas sobre cómo se vigilan estos casos, qué medidas reparadoras se ofrecen a la víctima y qué controles existen para que la sanción no quede en un hecho aislado.

La sanción llega tras un reporte ciudadano que derivó en la intervención de la autoridad de transporte. El operador quedó suspendido por 90 días, una medida que busca disuadir conductas excluyentes en un servicio que, por ley, debe prestarse sin discriminación. Más allá del castigo puntual, el caso reúne tres elementos que tocan la vida diaria: el derecho a la movilidad, la obligación de trato digno y la urgencia de prevenir que se repita. En una ciudad donde el taxi es clave para ir a consultas, escuelas o trabajo, negarle el servicio a una persona por su condición es, además de ilegal, una barrera que limita autonomía y oportunidades.

El marco normativo es claro: la inclusión y la accesibilidad no son favores. La legislación nacional reconoce el derecho de las personas con discapacidad a usar el transporte público y prohíbe toda forma de discriminación en la prestación de servicios. Eso incluye la obligación de brindar apoyos razonables y de no negar el traslado por el uso de dispositivos de apoyo o por requerir asistencia. Los principios de accesibilidad universal y movilidad segura obligan a autoridades y concesionarios a capacitar a su personal, ajustar protocolos y asegurar que el servicio se otorgue sin obstáculos.

Este episodio también deja deberes inmediatos. Para la autoridad: documentar el procedimiento, informar canales de queja y confirmar si habrá cursos obligatorios de sensibilización y servicio a usuarios con discapacidad para permisionarios y operadores. Para el gremio taxista: alinearse a un estándar de atención que elimine prácticas estigmatizantes y garantice embarques y desembarques seguros, incluso cuando se trate de sillas de ruedas, bastones, andaderas o acompañantes de apoyo. Para la comunidad: denunciar sin exponer a la víctima y exigir respuestas dentro de plazos verificables, porque la efectividad de la sanción se mide en prevención, no solo en comunicados.

Lo confirmado es que hubo negativa de servicio y una suspensión de 90 días al operador; lo que falta por confirmar —y dar a conocer— es si habrá reparación para la persona afectada, si se revisará el cumplimiento del castigo, y si se activará un programa de capacitación y verificación permanente para evitar reincidencias. Un solo caso mal atendido normaliza la exclusión; uno bien resuelto puede convertirse en un estándar que proteja a quienes más dependen del taxi para moverse.

La movilidad sin discriminación no es un eslogan: es un derecho que se garantiza con sanciones ejemplares, capacitación real y vigilancia constante. Un taxi que excluye niega ciudad; un gobierno que corrige construye comunidad.