¿Qué queda de la democracia coahuilense cuando un medio crítico denuncia hostigamiento judicial sostenido? se preguntan organizaciones de prensa, juristas y ciudadanía en torno al llamado “Caso Vanguardia”; ante esa encrucijada, Coahuila 360 expresa su solidaridad con Vanguardia y sostiene que ninguna disputa en tribunales puede usarse para silenciar a quien informa, porque lo que ocurra con los amparos y resoluciones en curso —tras episodios que incluyen la salida del magistrado Édgar Humberto Muñoz Grajales del circuito por criterios de paridad y el revés a su impugnación— pondrá a prueba si en Coahuila prevalece la libertad de expresión o la intimidación con toga.

El caso ha crecido del plano interno al debate público por una razón principal: el patrón denunciado. Desde hace años se acumulan señalamientos de demandas en cascada, resoluciones controvertidas, intentos de embargo y presiones procesales que, de confirmarse, dibujan un uso instrumental del aparato judicial para asfixiar a una redacción incómoda. No es una discusión abstracta: si un medio es castigado por informar, el mensaje a todo el ecosistema periodístico es de miedo y autocensura, justo lo contrario de una plaza pública sana.

Los últimos meses escalaron la tensión. Hubo una sentencia estatal adversa y, en paralelo, se perfiló una audiencia de amparo directo ante un Tribunal Colegiado que Vanguardia ha presentado como “prueba de fuego” para el sistema. Las decisiones electorales y jurisdiccionales que frenaron el ascenso de un juzgador señalado como “a modo” despejan una pieza del tablero, pero no resuelven lo sustantivo: la necesidad de que cada resolución se ajuste a estándares constitucionales y convencionales de libertad de expresión, con motivaciones públicas, verificables y escrutinio ciudadano.

La comunidad periodística y organizaciones de defensa de derechos han pedido, con distintos matices, tres cosas básicas: 1) detener cualquier intento de usar litigios para castigar líneas editoriales; 2) garantizar que los expedientes se resuelvan con criterios pro libertad de expresión, como ha establecido la Suprema Corte; 3) transparentar con prontitud el avance de las causas. Son principios elementales: sin prensa libre, la rendición de cuentas se empobrece, la corrupción florece a la sombra y la ciudadanía pierde su derecho a saber.

En Coahuila 360 sostenemos —y lo decimos de frente— que defender a Vanguardia en este caso es defender el derecho de todas y todos a estar informados. No se trata de simpatías entre redacciones, sino de reglas del juego democrático: las diferencias con la prensa se responden con datos, réplicas y debate público, no con martillazos judiciales. Si el fallo federal confirma un piso de protección robusto, ganamos todas y todos; si normaliza el castigo vía tribunales, perdemos mucho más que un titular: perdemos confianza en que la verdad pueda contarse sin miedo.

La libertad de expresión no es un privilegio de las salas de redacción: es el oxígeno de la vida pública. Que los jueces resguarden derechos, no los restrinjan; que el debate se dé a la vista, no en expedientes diseñados para callar.