Lo que debía ser un lugar de apoyo y recuperación se convirtió en escenario de violencia y miedo. Una joven internada en un anexo para tratamiento de adicciones en Nueva Rosita fue víctima de una brutal agresión física y psicológica a manos de otras internas, bajo la mirada indiferente del personal encargado. La historia, que estremeció a la región carbonífera, llegó a la luz gracias a la denuncia pública de la familia, que exige justicia y garantías para que estos hechos no se repitan.

Según el testimonio de la víctima y su madre, los maltratos comenzaron casi desde el ingreso. La joven fue golpeada, insultada, amenazada y hasta forzada a cumplir “castigos” supuestamente correctivos, mientras el personal permitía o ignoraba los abusos. Solo al salir y mostrar las lesiones, la familia descubrió el verdadero infierno por el que había pasado, y de inmediato buscó apoyo de autoridades y medios para visibilizar el caso.

No es un hecho aislado. Asociaciones civiles y expertos en adicciones advierten que las denuncias por maltrato y negligencia en centros de rehabilitación han aumentado en Coahuila, especialmente en municipios como Sabinas, Monclova y Torreón. La falta de protocolos claros, supervisión oficial y personal capacitado pone en riesgo a quienes más necesitan apoyo. El caso de Nueva Rosita reabre el debate sobre la urgencia de una regulación estricta y vigilancia permanente en estos espacios.

La familia de la joven, junto con colectivos y activistas, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Salud investigar a fondo al anexo y garantizar que se sancione tanto a responsables directos como a quienes, por omisión, permitieron el abuso. Al mismo tiempo, piden que se revisen todos los centros de rehabilitación de la región para evitar nuevas tragedias.

Convertir el dolor en esperanza es tarea de todos. Un centro de rehabilitación debe sanar, no destruir. La justicia no se logra solo con castigo, sino con reformas profundas que dignifiquen la atención y protejan a los más vulnerables. Nueva Rosita merece respuestas, y Coahuila, un compromiso real con la salud mental y la dignidad humana.