Cargogas, una empresa que presume cubrir más del 10% de la oferta gasolinera en Saltillo, enfrenta una investigación federal por supuestos vínculos con delincuencia organizada y delitos financieros. La noticia sacude el sector energético y pone en alerta a usuarios y autoridades en la capital coahuilense.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) iniciaron indagatorias contra la cadena Cargogas, luego de detectar movimientos financieros irregulares y posibles operaciones de lavado de dinero en varias de sus estaciones. La empresa, con presencia notable en Saltillo y la región, había crecido en los últimos años, convirtiéndose en uno de los jugadores clave del mercado local.

La noticia, confirmada por fuentes federales, implica también la revisión de permisos y contratos, tanto en Coahuila como en otros estados donde opera la marca. Los sellos de la FGR aparecieron en al menos dos estaciones de Saltillo, generando incertidumbre entre empleados y consumidores, mientras las autoridades esclarecen el alcance de las acusaciones.

El sector gasolinero de Coahuila observa con atención el caso, pues una eventual sanción o cierre de estaciones impactaría directamente en la oferta y el abasto de combustibles en la capital y municipios cercanos. Para las autoridades estatales, el reto es garantizar la legalidad en el sector sin afectar el servicio a la ciudadanía.

La investigación contra Cargogas no solo exhibe los riesgos de corrupción en el sector energético, sino que lanza un mensaje de alerta sobre la necesidad de transparencia y regulación firme en la venta de combustibles. Saltillo no puede permitirse un mercado enrarecido ni vacíos que afecten a los usuarios. Más allá del escándalo, el desafío es asegurar que cada litro vendido en la ciudad esté libre de sospechas, y que la competencia siga siendo sinónimo de confianza y legalidad.