El padre de una menor, Federico Guardiola, con residencia en Monterrey, acusó a jueza y funcionarios en Saltillo de favoritismo hacia su exparejera, a quien responsabiliza de retener a su hija tras una convivencia de fin de semana. Señala omisiones y cercanía indebida con la madre por parte de jueza, psicóloga y trabajadora social, lo que le ha impedido ejercer su derecho a convivir.

Guardiola asegura que no fue notificado formalmente de ninguna decisión judicial y que, tras cuatro años de convivencia, su hija fue retirada sin explicación. Al solicitar el expediente, descubrió que el informe omitía sus denuncias contra la madre y resaltaba acusaciones en su contra, sin valorar las preocupaciones que expuso sobre la abuela o posibles situaciones de riesgo.

Según el padre, la colaboración entre la jueza y el equipo técnico —trabajadora social, psicóloga y abogado defensor— indica una decisión tomada de antemano. Al reportar su caso a la Defensoría Pública fue objeto de reproches por hacerlo público. Ni la jueza ni las autoridades han respondido directamente a sus solicitudes, y hasta ahora no se ha programado visita domiciliaria para constatar el bienestar de la menor.

La situación resalta un dilema jurídico y social: la perspectiva de género debe equilibrarse con el derecho de convivencia paterna y el interés superior del menor. Abogados consultados advierten que, de prolongarse la exclusión sin un proceso transparente, podría configurarse una violación procesal o parcialidad institucional.

Si la justicia no ve a los padres ni escucha su voz, también es injusta. Coahuila no merece fallos hechos a la medida emocional, sino sentencias construidas con pruebas plenas, audiencias claras y, sobre todo, con el rostro del menor como centro. Solo así se podrá confiar en que la balanza se inclina hacia la equidad, no hacia lo cómodo.