La sindicatura pidió una prórroga para mover la convocatoria y “correr” todo el calendario de venta de AHMSA–MINOSA sin rebasar 30 días, pero el Juzgado le ordenó precisar “cuántos” y “cuándo” en 24 horas, con amenaza de multa de 500 UMA y de tener la solicitud por no presentada. Mientras tanto, el proceso trae fechas duras (convocatoria el 6 de enero y audiencia final el 30) y una base de salida de 884.2 mdd; del otro lado, la presión es social: entre 12 mil y 14.6 mil trabajadores directos (según reportes) siguen esperando que el remate se traduzca en pagos y reactivación.

El punto fino es este: AHMSA y MINOSA van juntas “como unidad productiva”, y eso, en teoría, aumenta la posibilidad de que llegue alguien con músculo para operar, no solo para deshuesar. La subasta se arma con sobre cerrado, preclasificación, impugnaciones y, al final, una audiencia donde se leen ofertas y se abre ronda para mejorar la más alta.

P2 (blindaje): Ojo con la palabra “prórroga”: hoy no es cancelación, es una solicitud formal. El propio acuerdo judicial deja claro que el problema fue la falta de precisión (no dijo cuántos días ni presentó calendario alterno) y por eso se le requirió corregir en 24 horas; si no, la petición puede “caerse” y el calendario original seguiría intacto.

Y ahí entra lo que no cabe en una hoja: la paciencia tiene nómina. Extrabajadores protestaron exigiendo que se respeten las fechas, que no haya más estiramientos y que exista transparencia real sobre la subasta y la ruta de justicia laboral. El desgaste ya no es solo económico, también emocional, y la calle vuelve a hablar cuando el expediente no da certezas. Para Coahuila esto es más que un remate: es Región Centro conteniendo el aire, y también es cadena industrial en todo el estado (proveedores, transporte, metalmecánica) con una pregunta que se siente en La Laguna: si se alarga, ¿quién paga el costo del tiempo? Porque el tiempo, en una quiebra industrial, también se vuelve “deuda”.