La subasta de AHMSA–Minosa ya tiene ruta: convocatoria 6 de enero, ofertas 14, garantía 10% el 28 y audiencia final 30 de enero en CDMX, con una puja de salida de 884.218 mdd. Pero el dato que quema es otro: reportes hablan de más de 12 mil trabajadores y exobreros con casi tres años de sueldos y prestaciones pendientes. La exigencia mínima es simple: venta sí, pero con calendario público de pago laboral.

Coahuila llega al punto de quiebre con un calendario oficial ya marcado por el Juzgado Segundo: el 14 vence el plazo para presentar cartas de intención y posturas en sobre cerrado; después viene la preclasificación y una ventana de impugnaciones antes de la audiencia donde se leerán ofertas y se abrirán rondas para mejorar la más alta.

Y aquí va el blindaje que no se puede brincar: esto ocurre bajo concurso mercantil y según el acuerdo judicial, la venta como unidad productiva busca evitar la fragmentación y conservar estructura operativa, con el argumento de proteger continuidad y empleos directos e indirectos en una región golpeada por la parálisis. Eso es la intención del procedimiento; el resultado dependerá de las posturas y condiciones finales.

Ahora, el lado humano que no cabe en el expediente: hay reportes de más de 12 mil trabajadores sindicalizados y de confianza sin empleo ni ingresos, con un saldo de tres años de salarios, prestaciones y finiquitos en disputa. Y el choque viene en esa línea delgada: exobreros sostienen que no aceptarán “arreglos” que los liquiden solo con lógica de quiebra si eso recorta lo pactado en su contrato colectivo. La subasta, para ellos, no es “quién compra”, sino “quién compra y cómo paga”.

Antes del 14 de enero: reglas claras de preclasificación y criterios públicos de elegibilidad.

Antes del 28: transparencia sobre garantías, estructura de la oferta y, sobre todo, un marco de prioridad del pasivo laboral en tiempos verificables.

El 30: que el cierre no sea solo “asignación”, sino un compromiso medible de reactivación y ruta de pagos, con acompañamiento institucional a los trabajadores.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: si el remate llega con números impecables pero sin un “cómo y cuándo” para los obreros, lo que se vende no es acero: es paciencia social. Coahuila no puede normalizar que el calendario judicial corra más rápido que el calendario de la mesa familiar. El 30 de enero se define dueño, sí… pero lo que urge definir es justicia. ¿Quién le pone fecha a la dignidad laboral?