El Congreso de Coahuila aprobó la Ley de Ingresos de Torreón para 2026 por 5,205,115,125 pesos (más de 5.2 mil millones), con un incremento de 4% y un desglose de 4,059 mdp en administración centralizada y 1,145 mdp en descentralizados. La letra chica que importa es la que la gente paga: los ajustes por inflación impactan cobros como predial y licencias, mientras en el discurso se prometen obras por más de 1,500 mdp y un “Presupuesto Ciudadano” para transparentar el destino del dinero. La exigencia es directa: publicar calendario, metas y responsables antes de arrancar la recaudación de enero.

El número no es menor: 2026 se empieza a escribir desde la Ley de Ingresos, porque ahí se define cuánto entra y con qué instrumentos se cobra. Torreón presume que el aumento es “moderado” y alineado a inflación, pero el termómetro ciudadano es simple: si el cobro sube aunque sea poco, la ciudad exige que el servicio suba más.

El siguiente capítulo es técnico, pero pega en la calle: con la aprobación del Congreso viene la revisión de ajustes y la ruta para que se publique oficialmente, mientras el Ayuntamiento afina el Presupuesto de Egresos. Y en medio, el punto sensible: predial, licencias y otros derechos. Ahí es donde se gana (o se pierde) la conversación pública.

La otra mitad del relato es la promesa de obra: se habla de más de 1,500 mdp y de proyectos de movilidad y acciones de agua/drenaje, además del “Presupuesto Ciudadano” como herramienta para que cualquiera entienda a dónde va el dinero. Si eso se toma en serio, debe existir un tablero de seguimiento que no requiera “fe”: solo datos.

Que Tesorería y la Comisión de Hacienda publiquen, antes del arranque de enero, el Presupuesto Ciudadano con metas medibles, calendario trimestral 2026, colonias/zonas beneficiadas, y un corte mensual público de avance físico-financiero.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de qué pensar: si el cobro se ajusta puntualmente cada año, entonces el resultado también debe ajustarse puntualmente cada mes. Porque en Torreón el debate no es “si hay 5.2 mil millones”, sino si esa cifra se convierte en agua, movilidad, bacheo y espacios públicos con evidencia, y no en una promesa que se repite cada diciembre.