Monclova identificó a 180 personas en situación de vulnerabilidad como población en riesgo por las bajas temperaturas, dentro del Operativo Abrigo y con recorridos en colonias vulnerables, según informó Protección Civil municipal. El dato pone la polémica donde debe estar: si ya están detectados, el gobierno municipal y estatal ya no pueden operar “en generalidades”; tienen que operar con capacidad visible y ruta pública.

Porque el frío no se combate con buenas intenciones: se combate con refugios abiertos, traslados que sí ocurren, horarios claros y un canal de atención que responda sin regateos. Cuando la autoridad dice “los tenemos ubicados”, la siguiente obligación es simple: que cualquiera pueda saber a dónde llevar a alguien, a qué hora, con qué cupo y quién se hace responsable en campo.

Coahuila, por su parte, presume un plan invernal con red de refugios que se activa ante temperaturas de riesgo y recorridos para detectar personas en la vía pública. Eso es el piso. Lo que falta —y ahí va el filo— es el aterrizaje local: en Monclova, la respuesta tiene que verse en una lista pública y actualizada (ubicaciones, capacidad, horarios, criterios de ingreso), y en cortes de resultados: cuántas personas fueron resguardadas, cuántas aceptaron, cuántas rechazaron y qué seguimiento se dio.

Y el municipio no se puede escudar en “se niegan a ir”: si existe esa limitación, entonces se compensa con vigilancia reforzada, atención médica básica, coordinación con salud y un protocolo claro de intervención. Aquí el punto no es regañar a la gente vulnerable: el punto es que el gobierno cumpla el mínimo de protección cuando ya tiene el diagnóstico en la mano.

Si ves a alguien en riesgo por el frío, el mensaje tiene que ser directo y sin rodeos: pide apoyo vía 911 o Protección Civil municipal. Y a la autoridad le toca lo que sigue: menos discurso, más operación con evidencia.