Un cateo en Monclova terminó con una víctima rescatada, un presunto agresor detenido y armas aseguradas; el caso no es aislado: Coahuila suma 12,634 carpetas por violencia familiar de enero a octubre de 2025 (≈42 al día), y la exigencia es concreta: protección real para víctimas, ruta judicial clara y seguimiento medible, no solo operativos.

Lo ocurrido en Monclova muestra la cara más peligrosa de la violencia doméstica: cuando la agresión se vuelve rutina y el Estado llega tarde, cada día cuenta; cuando además hay armas en el entorno, la urgencia se multiplica. La intervención, esta vez, llegó con orden judicial y coordinación operativa para poner a salvo a la víctima y asegurar evidencia.

Pero el dato que no se puede patear es estatal: con corte a octubre, Coahuila se mantiene en el grupo alto del país en violencia familiar durante 2025. No sirve “normalizarlo” por estadística: sirve usarla para gestionar —dónde sube, dónde baja, qué municipio requiere refuerzo y qué está fallando en prevención.

Aquí la agenda mínima —sin discursos— es de tres carriles: (1) protección inmediata (medidas cautelares, resguardo y acompañamiento); (2) justicia sin laberinto (audiencias y determinaciones en tiempo, con información clara); (3) prevención verificable (atención psicológica, trabajo comunitario y evaluación trimestral por región). Y sí: cada carril debe traer responsable, fecha y meta.

Coahuila necesita un corte trimestral público que diga cuántas carpetas se abren, cuántas se judicializan, cuántas víctimas reciben medidas de protección y qué resultados deja esa intervención. Y cuando la víctima pide ayuda, que la respuesta no dependa de suerte o de volumen mediático: que dependa de protocolo.

La casa no puede ser un “territorio sin ley”. Si el Estado presume operativos, también debe presumir —con datos— cuántas vidas logra estabilizar después. ¿Estamos midiendo rescates… o estamos midiendo protección real?