El panista Marcelo Torres Cofiño acusó que la 4T “ignora” la inseguridad y “ahoga” al campo mientras llena el Zócalo con festejos, usando cifras de homicidios, desapariciones y crimen organizado para pintar un país abandonado. Una revisión de datos oficiales y evaluaciones independientes matiza el cuadro: la violencia sigue siendo un problema serio, pero su curva viene de sexenios anteriores; el campo recibe hoy apoyos directos inéditos y la pobreza bajó con fuerza en zonas rurales, aunque persisten vacíos graves en seguridad y justicia.

Desde la trinchera opositora, Marcelo Torres —diputado federal del PAN y figura histórica del blanquiazul en la Laguna— aprovechó el contexto de los siete años de la 4T para lanzar su mensaje: el gobierno federal “ignora la emergencia de inseguridad”, maquilla cifras y deja al campo “ahogado” por extorsiones, cobro de piso y control criminal de rutas estratégicas, lo que —dice— ha encarecido hasta en 20 % los costos de operación para productores y transportistas. El malestar que recoge no es inventado: hay corredores rurales y carreteros donde la presencia del crimen organizado sigue pegando fuerte a quienes siembran, cosechan y mueven mercancía. El problema es presentar ese escenario como si fuera obra exclusiva de este sexenio, sin contexto ni memoria.

En homicidios dolosos, el sexenio de López Obrador cierra con el número absoluto de asesinatos más alto desde que se tiene registro consolidado, pero la historia no empieza en 2018. Datos compilados por Animal Político con cifras de Inegi muestran que el gobierno de Calderón sumó 120,463 asesinatos; el de Peña Nieto, 156,006; y que la espiral de violencia se disparó a partir de la “guerra contra el narco”, no del actual gobierno. Un estudio del Colegio de México agrega que, entre 2019 y 2023, la tasa de homicidios se redujo 22.6 % respecto al quinquenio anterior, aunque las desapariciones y no localizaciones aumentaron 7.6 %. Traducido: la 4T no puede cantar victoria en seguridad, pero tampoco es cierto que “ignoró” el problema o que partió de un país en calma que ella misma incendió.

Donde el discurso de “abandono del campo” se resquebraja más es en los números de política social. El programa Sembrando Vida tiene como meta para 2025 atender a 455,749 sujetos de derecho y cubrir 1.14 millones de hectáreas con sistemas agroforestales en 24 estados, enfocado justamente en municipios rurales de alto rezago. En paralelo, Producción para el Bienestar otorga apoyos directos de entre 6,400 y 10,000 pesos a pequeños productores de granos, café, cacao y otros cultivos, con esquemas diferenciados por hectárea y tipo de producción. Un tercer programa, Más alimentos con apoyo a productores, canalizó tan sólo en la primera mitad de 2025 casi 13,904 millones de pesos a 1.84 millones de productores de pequeña y mediana escala, impactando 5.68 millones de hectáreas. Hablar de “abandono total” del campo, a la luz de estos montos y coberturas, es cuando menos impreciso.

El cuadro nacional de pobreza también empuja a matizar. De acuerdo con análisis de BBVA Research a partir de Coneval y la nueva medición multidimensional, en 2018 casi 42 %–43 % de la población mexicana estaba en situación de pobreza; para 2024 la proporción bajó a 29.6 %, es decir, 13.4 millones de personas menos en pobreza, con caídas significativas en la pobreza extrema y mejoras asociadas a aumento del salario mínimo y transferencias directas. Buena parte de esa reducción se concentra en hogares rurales y semiurbanos que combinan programas sociales con ingresos laborales, sin que eso signifique que se hayan resuelto la desigualdad, el acceso a servicios o la violencia que sufren territorios rurales.

Si la discusión va en serio y no sólo al ritmo del trending topic, tanto el gobierno federal como la oposición tendrían que mover la conversación a terreno medible: ¿cuántos productores de Coahuila y la Laguna reciben hoy apoyos federales y en qué montos?, ¿qué indicadores concretos se fijan para reducir extorsiones, robos y violencia en corredores rurales?, ¿cómo se reparten responsabilidades entre federación, estados y municipios en seguridad y justicia, más allá de discursos? Un tablero público con metas trimestrales para el campo —productividad, ingreso, seguridad— valdría mucho más que la siguiente declaración altisonante desde la Ciudad de México.

La crítica a un gobierno siempre es necesaria, sobre todo cuando se habla de homicidios, desapariciones y campesinos que trabajan con miedo. Pero si el diagnóstico arranca en el Zócalo y borra de un plumazo programas, cifras de pobreza y la herencia de violencia de sexenios anteriores, termina sonando más a campaña que a defensa real del campo. El reto para Coahuila y la Laguna no es escoger quién grita más fuerte sobre la 4T, sino quién pone sobre la mesa datos, propuestas y plazos para que sembrar, cosechar y transportar deje de ser, literalmente, un acto de alto riesgo.