La narrativa de éxito en seguridad y gobernanza que promueve el Gobierno de Coahuila contrasta con la fragilidad institucional de sus municipios y la opacidad en sus cuentas públicas.

En municipios estratégicos como Saltillo y Torreón, el gasto se ha orientado a una “tecnocracia de seguridad” que consume hasta el 25% del presupuesto, mientras que las zonas rurales y la periferia industrial permanecen en el abandono. Este esquema de “gobernanza unificada” ha permitido que redes de influencia ligadas a exgobernadores permanezcan vigentes en posiciones clave de justicia y finanzas, perpetuando un conflicto de interés que frena la verdadera competitividad del estado.

La agenda de fiscalización estatal debe enfocarse en desmontar la simulación legalizada en la contratación de servicios y en garantizar que la infraestructura estatal sea financiada con transparencia, y no a través de mecanismos de deuda oculta.

Si nos preguntan a nosotros, esto es lo que da mucho de que pensar: el gobierno estatal presume un blindaje de seguridad exterior, pero permite que la corrupción administrativa y el nepotismo político corroan las instituciones desde adentro. ¿Es el “Modelo Coahuila” una estrategia de protección ciudadana o simplemente una ingeniería financiera para preservar el poder de la alianza PRI-PAN ante su evidente desgaste regional?.

Hasta el momento, la autoridad no ha acreditado responsabilidades; la información disponible es preliminar y proviene de reportes, denuncias y comunicados consultados. La administración de Manolo Jiménez Salinas (PRI) mantiene un modelo de mando vertical heredado de administraciones pasadas, donde el presupuesto se utiliza para blindar políticamente al estado en lugar de generar autonomía financiera en los municipios.